Diversas organizaciones ambientales y de derechos humanos, entre ellas Greenpeace y el CEMDA, presentaron un Amicus Curiae para impedir la construcción y operación de la granja avícola "Akutzá" de la empresa Bachoco, argumentando que el proyecto causaría graves daños al Sistema Lagunar de Chichankanab. El documento jurídico, elaborado con el apoyo de la experta internacional Miriam Saage-Maasz, exige al Tribunal Colegiado que analice el caso de fondo y garantice el acceso a la justicia ambiental de las comunidades indígenas y ejidos locales. Las agrupaciones advierten que obligar a los pobladores a demostrar los riesgos ambientales viola la jurisprudencia de la Suprema Corte y los tratados ratificados por México, como el Acuerdo de Escazú, ya que la carga de la prueba debe recaer sobre la empresa y las autoridades para certificar que sus actividades son seguras. Finalmente, los firmantes recalcan que desestimar el caso impondría cargas probatorias excesivas a los afectados, sentando un precedente perjudicial para la defensa del agua y el territorio frente a los megaproyectos en la península de Yucatán, lo que además podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado mexicano por incumplir sus compromisos ecológicos y de derechos humanos.
Fuente: Infobae, 27 de junio de 2026.